Es en el marco del derecho que las instituciones sociales deben asumir posición frente a la crisis política que vive la nación. Es por ello que, con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Asamblea acuerda dirigirse al país en los siguientes términos:
El Presidente de la República tiene como obligación fundamental representar a la sociedad en su conjunto, garantizar los derechos y libertades de los venezolanos (artículo 232) y cumplir y hacer cumplir la Constitución (artículo 236).
El 4 de febrero del año en curso un grupo estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira salió a protestar por la inseguridad reinante en el país y el intento de violación de una estudiante de esa casa de estudio. Dicha protesta fue objeto de una represión desmedida por parte de los organismos de seguridad del Estado y cinco estudiantes detenidos fueron enviados a la cárcel de Coro. Esta situación incrementó la molestia estudiantil convocando, la dirigencia nacional, a una protesta pacífica el 12 de febrero, Día de la Juventud Venezolana. Ese día, luego de finalizar la marcha, se produjo la muerte de tres venezolanos, lo que generó un intenso malestar en toda la sociedad venezolana.
A partir de esa fecha han ocurrido un conjunto de hechos que colocan al Gobierno Nacional al margen del estado de derecho, al promover una política represiva que ha producido el asesinato de 23 personas, más de un centenar de ciudadanos heridos y cerca de mil doscientos detenidos e imputados.
La actuación del Estado, lejos de contribuir en la solución pacifica de la conflictividad, ha contribuido a exacerbarla a través de los siguientes comportamientos y acciones:
- El ciudadano Presidente mantiene una conducta pugnaz, ofensiva y descalificadora de todo aquél que no comparte su visión de país, promoviendo el enfrentamiento entre los ciudadanos. En un hecho insólito y a contrapelo con el texto constitucional, institucional
- Los órganos de seguridad del Estado, violando la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, atacan la protesta ciudadana haciendo un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza pública, dándole a los detenidos un trato cruel, inhumano o degradante que ha llegado al uso de la tortura.
- La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, desconociendo sus obligaciones, mantienen una actitud complaciente frente a las violaciones al numeral 2 del artículo 21 del texto Constitucional.
- Los allanamientos, sin orden judicial, desconocen la inviolabilidad del hogar.
- El Presidente de la República, el de la Asamblea Nacional y el Alcalde del Municipio Libertador actúan segregando a una parte de la sociedad venezolana, limitan la protesta pacífica y fomentan la conflictividad.
- El maltrato hacia los comunicadores sociales y el retiro de la parrilla de la televisión por cable de un canal televisivo, constituyen un atentado contra la libertad de expresión.
Mientras tanto, la crisis económica se prolonga, la inflación se acrecienta, sigue el deterioro de nuestra moneda, los sueldos y salarios se hacen agua, la escasez se amplía, la inseguridad no da marcha atrás y continúa el exorbitante gasto dispendioso en propaganda y movilizaciones clientelares.
En una actuación que atenta contra los valores Constitucionales, el Presidente, y su gabinete, celebran los golpes de estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, cuestionan la protesta ciudadana, pero conmemoran la protesta del 27 de febrero de 1989.
Esa doble moral es contraria a los valores éticos, constitucionalmente establecidos, y a los que defendemos desde la universidad venezolana autónoma. Los universitarios profesamos, como valor, el diálogo y la confrontación de ideas y por ello somos contrarios al uso de la violencia.
Venezolanos, la moral ciudadana está siendo destruida desde las más altas esferas del Estado y el Gobierno Nacional viola el texto constitucional. Frente a esta situación y la lucha que llevan a cabo nuestros estudiantes no podemos permanecer indiferentes. Por estas razones la Asamblea General de Profesores de la UCV acuerda:
1) Exigirle al Gobierno Nacional que rectifique, de manera inmediata, su actuación y se apegue al texto constitucional que establece: “Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
2) En caso de no hacerlo, considerar que están dadas las condiciones para hacer efectivo el artículo 350 de la Constitución, que textualmente establece: “El pueblo venezolano, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.
3) Respaldar las acciones pacíficas que lleve a cabo el movimiento estudiantil, pues ellas se desarrollan en el marco de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
4) Concertar una reunión con el Frente Sindical para impulsar una movilización, con el propósito de defender el derecho a la protesta y exigir la libertad plena de todos los detenidos y procesados.
5) Constituir vanguardias universitarias en cada facultad, en defensa de la Constitución.
6) Convocar a una asamblea intergremial universitaria.
7) Convocar a paro universitario, como paso previo para la convocatoria a paro nacional.
8) Impulsar un acuerdo de amnistía general para todos los ciudadanos detenidos o procesados por defender y ejercer su legítimo derecho a la protesta, el cese de la represión y la libertad plena de los estudiantes detenidos y de todos los ciudadanos encarcelados por razones políticas.
9) Solicitar se desarme y desmantelen los grupos parapoliciales y paramilitares causantes de muertos y heridos.
10) Exhortar a los ciudadanos a enmarcar sus acciones dentro de una protesta pacífica.
11) Movilizarnos hacia diferentes instancias nacionales e internacionales, denunciando la violación del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos.
12) Solicitar al Presidente de la República haga uso de un lenguaje respetuoso hacia toda la ciudadanía.
13) Favorecer un gobierno de entendimiento nacional, para lo cual es necesario que el ciudadano Presidente promueva unas verdaderas mesas de diálogo con presencia de las Naciones Unidas.
14) Crear la cátedra libre: “Aportes para salir de la crisis”.
Caracas, 11 de marzo de 2014.
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